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La medida nacional busca reducir el consumo ante el riesgo energético asociado al fenómeno de El Niño, pero en la Costa Caribe crece la preocupación por su impacto. Alcaldes, gobernador, congresistas, usuarios y personeros piden que la región tenga un tratamiento diferente por sus condiciones climáticas. Mientras tanto, el calor dispara el uso de aires acondicionados y ventiladores y ya ha puesto contra las cuerdas a parte de la infraestructura eléctrica.
Hay una discusión que en el Caribe colombiano dejó de ser solamente una cuestión de facturas.
Ahora también se habla de salud, de calor extremo, de calidad de vida y de la posibilidad real que tienen miles de familias de reducir su consumo de energía cuando las temperaturas obligan a mantener encendidos los equipos de ventilación y refrigeración durante buena parte del día.
Desde el primero de septiembre comenzó a funcionar en Colombia un programa transitorio de ahorro de energía diseñado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, con el propósito de disminuir la demanda eléctrica ante el escenario de estrechez energética y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.
Pero en la región Caribe la decisión provocó una reacción inmediata.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, coincidieron en que la aplicación de la medida debería considerar las condiciones particulares de esta zona del país.
Y la discusión tomó una dimensión todavía mayor cuando Char puso sobre la mesa una realidad que millones de habitantes de la Costa conocen perfectamente: hay jornadas en las que la sensación térmica puede acercarse a los 50 grados Celsius.
“¿Cómo no vamos a prender un abanico?”, cuestionó el alcalde.
La pregunta resume el fondo de la controversia.
El problema no es ahorrar: es cómo hacerlo en el Caribe
Nadie está planteando que Colombia no necesite ahorrar energía.
La propia regulación nacional parte de una preocupación concreta: la posibilidad de condiciones de baja hidrología, estrechez energética y riesgos para la confiabilidad del suministro durante el fenómeno de El Niño.
La CREG estableció un programa temporal que busca modificar los hábitos de consumo de los usuarios regulados mediante incentivos para quienes reduzcan su demanda y cobros adicionales para quienes superen determinados niveles.
La meta de cada usuario se calcula tomando como referencia su propio historial de consumo de los doce meses anteriores. Es decir, no se trata de que todos los colombianos tengan exactamente el mismo límite: cada hogar o pequeño establecimiento tiene una meta individual.
El punto que genera malestar en el Caribe es otro.
Las condiciones para consumir energía no son iguales en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta o Riohacha que en otras ciudades del país.
En una vivienda de la Costa, el ventilador puede permanecer encendido durante muchas horas. En numerosos hogares, el aire acondicionado es utilizado para poder dormir. Los comercios necesitan refrigeración permanente. Restaurantes, tiendas, supermercados y otros establecimientos requieren equipos que no pueden simplemente apagarse durante las horas más calientes.
Y cuando las temperaturas suben, la demanda eléctrica también lo hace.
Ese es precisamente el choque que ahora enfrenta la región.
¿Qué dice realmente la medida de la CREG?
La controversia ha llevado a que en redes sociales y conversaciones ciudadanas se hable de una “multa” por gastar demasiada energía.
Sin embargo, técnicamente la resolución establece un programa transitorio de incentivos monetarios al uso eficiente de la energía, que contempla un cobro adicional para determinados consumos que superen la meta establecida.
La lógica funciona así:
Cada usuario tiene una meta individual calculada a partir de su comportamiento histórico.
Si su consumo se mantiene dentro de un margen determinado, no se genera el cobro adicional.
Si logra reducir suficientemente su consumo, puede acceder al beneficio contemplado por el programa.
Pero si supera el 110 % de su meta individual, entra en el rango sobre el cual se calcula el cobro adicional.
La regulación establece diferentes factores dependiendo del tipo de usuario.
Para los hogares de estratos 1, 2 y 3, el factor previsto es de 1,30.
Para los estratos 4, 5 y 6, el factor es de 1,50.
Y para usuarios comerciales e industriales, el factor llega a 1,70 sobre el consumo excedente objeto de cobro.
El programa tiene inicialmente una duración de seis meses desde el primero de septiembre de 2026 y podría ser prorrogado si continúan las condiciones que dieron origen a la medida.
Y aquí aparece la gran pregunta de la Costa
¿Cómo reducir significativamente el consumo cuando el clima obliga precisamente a consumir más?
Esa es la pregunta que están llevando los dirigentes del Caribe ante las autoridades nacionales.
Alejandro Char pidió que la región tenga un enfoque diferencial.
El alcalde argumentó que resulta especialmente difícil pedirle a los habitantes de Barranquilla que reduzcan el uso de ventiladores y sistemas de refrigeración cuando las temperaturas pueden alcanzar niveles extremos.
Incluso advirtió que el asunto puede tener implicaciones sobre la salud, particularmente entre adultos mayores.
La posición de Char coincide con la del gobernador Eduardo Verano, quien calificó la medida como poco acertada y “fuera de contexto” al considerar que no toma suficientemente en cuenta las diferencias climáticas entre las regiones.
Verano fue todavía más directo al referirse al aire acondicionado.
En el Caribe, explicó, estos equipos pueden ser indispensables para soportar las altas temperaturas, aunque al mismo tiempo sean de los aparatos que más energía consumen.
Y ahí aparece la contradicción que preocupa a las autoridades locales.
El mismo aparato que una familia necesita para soportar el calor es uno de los que más puede aumentar su consumo mensual.
La realidad ya está golpeando las redes eléctricas
La discusión dejó de ser hipotética.
Air-e Intervenida reportó que durante los primeros ocho días de septiembre se averiaron 115 transformadores de distribución en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En el Atlántico fueron instalados 77 nuevos transformadores para reemplazar equipos afectados. De ellos, 70 correspondieron a Barranquilla y municipios del área metropolitana como Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia.
En Magdalena se instalaron 20 y en La Guajira otros 18.
La empresa relacionó el aumento de la demanda con el mayor uso de aires acondicionados, ventiladores, equipos de refrigeración y otros electrodomésticos durante la ola de calor.
En otras palabras, mientras la regulación intenta disminuir el consumo, las condiciones climáticas están empujando a los ciudadanos en la dirección contraria.
No necesariamente porque quieran gastar más.
Porque necesitan enfriarse.
Más de 14 transformadores afectados por día
La cifra también permite dimensionar la magnitud del problema.
Si se toman los 115 transformadores reportados durante los primeros ocho días del mes, se trata de un promedio superior a 14 equipos afectados diariamente en los tres departamentos.
El Atlántico concentra la mayor cantidad.
Barranquilla y su área metropolitana son particularmente importantes dentro de este escenario debido a la cantidad de usuarios y al crecimiento de la demanda durante las jornadas de calor.
Air-e explicó que los picos de consumo someten a una mayor exigencia a las redes y a los transformadores encargados de llevar la energía hasta las viviendas y establecimientos comerciales.
Por eso, la empresa también ha llamado a hacer un uso racional de la electricidad y a evitar, en la medida de lo posible, el funcionamiento simultáneo y prolongado de varios equipos de alto consumo.
Pero ese llamado abre otra pregunta.
¿Qué ocurre cuando ahorrar energía significa dejar de utilizar durante varias horas el equipo que permite soportar temperaturas extremas?
El reclamo no viene solamente de Char y Verano
La inconformidad se ha extendido por diferentes sectores de la región.
La Liga Nacional de Usuarios pidió derogar la resolución al considerar que puede tener un impacto especialmente fuerte en la Costa Caribe.
Congresistas del Atlántico también cuestionaron la decisión.
El representante Estefanel Gutiérrez manifestó su desacuerdo con el esquema y otros dirigentes de la región han advertido que las condiciones climáticas deberían ser consideradas antes de establecer criterios uniformes para todo el país.
El representante Samir Radi utilizó una frase que resume el sentimiento de muchos usuarios:
“No es un lujo tener un abanico prendido”.
El dirigente sostuvo que las condiciones climáticas de Barranquilla y el Atlántico son diferentes a las del interior del país y que esa realidad debe ser incorporada en las decisiones regulatorias.
Desde Cartagena también se han escuchado voces de rechazo.
El dirigente Jorge Benedetti cuestionó que se utilice un mismo criterio para territorios con condiciones climáticas diferentes y advirtió sobre las consecuencias que la medida podría tener para hogares y pequeños comerciantes del Caribe.
Personeros también estudian el impacto
La discusión llegó incluso al escenario institucional de los personeros.
En Barranquilla, el personero distrital Miguel Ángel Álzate informó que se están analizando las posibles afectaciones de la medida sobre los usuarios de la región.
El funcionario señaló que no se descarta acudir a acciones judiciales si se determina que la aplicación del programa puede generar impactos negativos sobre los ciudadanos.
La posibilidad de que el asunto termine en escenarios jurídicos demuestra que la discusión está dejando de ser solamente política.
Se está convirtiendo en una discusión sobre derechos de los usuarios, condiciones regionales y prestación de un servicio público esencial.
El Caribe pide que no lo midan con la misma regla
La solicitud que se repite entre las autoridades costeñas no es necesariamente que se elimine cualquier esfuerzo de ahorro.
Lo que están pidiendo es diferenciar.
La región Caribe tiene una realidad climática particular.
Las temperaturas elevadas hacen que el consumo de electricidad tenga una relación directa con la posibilidad de mantener condiciones mínimas de confort dentro de las viviendas.
Por eso, el reclamo de Char y Verano apunta a que las reglas nacionales tengan algún mecanismo que reconozca esa diferencia.
La idea de fondo es sencilla:
No debería evaluarse de la misma manera el consumo adicional de un hogar que incrementa voluntariamente el uso de determinados aparatos y el de una familia que necesita mantener funcionando un ventilador o un aire acondicionado para soportar una jornada de calor extremo.
El Gobierno enfrenta ahora un doble desafío
Mientras la Costa cuestiona la medida, el Gobierno Nacional tiene otro problema que atender: garantizar que el país tenga suficiente energía durante los meses de mayor presión sobre el sistema.
El programa de la CREG nació precisamente de esa preocupación.
La resolución señala que las condiciones climáticas asociadas a El Niño pueden afectar la disponibilidad de recursos hídricos y, por esa vía, la generación hidroeléctrica, que tiene un papel fundamental dentro de la matriz eléctrica colombiana.
La estrategia busca entonces que los usuarios ayuden a disminuir la demanda.
Pero el Gobierno debe conseguir ese objetivo sin generar un efecto contrario en regiones donde reducir el consumo puede ser considerablemente más difícil.
Y el Caribe es probablemente el ejemplo más evidente.
El calor y la energía están conectados
Hay algo que esta discusión está dejando en evidencia.
En el Caribe colombiano, hablar de energía también es hablar de clima.
Cuando aumenta la temperatura, aumenta el uso de ventiladores.
Cuando la sensación térmica se dispara, más hogares recurren al aire acondicionado.
Cuando los comercios necesitan conservar alimentos y productos, los sistemas de refrigeración trabajan durante más tiempo.
Y cuando millones de equipos funcionan simultáneamente, la demanda sobre la red crece.
El resultado puede verse en las cifras recientes de Air-e.
115 transformadores averiados en apenas ocho días.
No significa que todos los daños tengan como única causa el calor, pero la empresa sí relacionó el aumento de la demanda y la mayor exigencia sobre las redes con las altas temperaturas.
La preocupación también es por la salud
El argumento de las autoridades costeñas no se limita al bolsillo.
Char planteó directamente el riesgo que puede existir para adultos mayores si se les pide reducir el uso de equipos de ventilación en medio de temperaturas extremas.
Las altas temperaturas pueden representar un riesgo especialmente importante para las personas mayores y para quienes tienen condiciones que los hacen más vulnerables al calor.
Por eso, para los críticos de la medida, la discusión no puede reducirse a una fórmula de kilovatios hora.
Hay que mirar qué significa ese consumo dentro de la vida cotidiana de una familia.
En Bogotá, por ejemplo, apagar un ventilador puede no representar ningún problema.
En Barranquilla, dependiendo del momento del día, la historia puede ser completamente diferente.
¿Y qué pasará con la factura?
Este es uno de los puntos que más inquieta a los usuarios.
Quienes superen el 110 % de su meta individual pueden quedar sujetos al cobro adicional sobre el consumo excedente que corresponda.
Pero existe una particularidad importante: la meta de cada usuario se calcula utilizando su propio comportamiento histórico de consumo.
Esto significa que una familia no necesariamente será comparada directamente con otra vivienda.
Su referencia estará relacionada con su propio historial.
La pregunta que queda abierta es si ese historial refleja adecuadamente situaciones extraordinarias.
¿Qué ocurre si una familia tuvo durante los meses anteriores un consumo relativamente bajo y ahora enfrenta una temporada de calor mucho más fuerte?
¿Debe esa familia asumir un cobro adicional simplemente porque necesita utilizar más refrigeración?
Ese tipo de situaciones son precisamente las que los dirigentes costeños quieren que sean revisadas.
También hay que mirar a los pequeños negocios
El debate no afecta únicamente a las viviendas.
Pequeños comercios, tiendas, restaurantes, peluquerías, talleres y otros establecimientos también dependen de la electricidad para funcionar.
En estos casos, reducir el consumo no siempre es tan sencillo.
Una tienda necesita refrigeradores.
Un restaurante necesita neveras, congeladores y equipos de cocina.
Una peluquería utiliza secadores, planchas y sistemas de climatización.
Una oficina necesita ventilación o aire acondicionado para sus trabajadores.
Y, en el caso de los pequeños negocios, el factor previsto por la resolución es incluso mayor que para los usuarios residenciales: 1,70 para los usuarios comerciales e industriales.
Por eso también se ha pedido que el impacto económico sea analizado desde la realidad de cada región.
La paradoja de la Costa
La situación que vive actualmente el Caribe colombiano puede resumirse en una paradoja.
El país pide consumir menos energía justo cuando el calor está obligando a consumir más.
La CREG quiere disminuir la demanda para proteger la confiabilidad del sistema.
Los usuarios costeños necesitan electricidad para refrigerarse.
Air-e necesita que se reduzcan los picos de consumo porque las redes están soportando una presión considerable.
Y los dirigentes regionales reclaman que las reglas tengan en cuenta el clima.
Todos los actores hablan de la necesidad de proteger el sistema.
La diferencia está en cómo hacerlo.
¿Qué podría venir ahora?
La presión política sobre la CREG seguramente continuará.
Char y Verano ya pidieron revisar la medida y establecer un tratamiento diferencial para el Caribe.
Los congresistas de la región también han anunciado debates y cuestionamientos.
Los usuarios organizados piden modificaciones o incluso la derogatoria.
Los personeros analizan las posibles herramientas jurídicas.
Y mientras tanto, las temperaturas continúan presionando la demanda eléctrica.
Por ahora, la resolución sigue vigente.
Eso significa que los usuarios deberán revisar su consumo, entender cuál es su meta individual y prestar atención a sus facturas durante la aplicación del programa.
Pero también queda sobre la mesa una discusión que trasciende esta resolución:
¿Puede Colombia aplicar una política energética uniforme cuando sus regiones tienen realidades climáticas tan diferentes?
Noticias 3: el debate que apenas comienza
En Noticias 3 consideramos que esta historia merece ser mirada más allá del enfrentamiento político.
No se trata simplemente de decir que la CREG “castiga” al Caribe ni de presentar el ahorro energético como algo negativo.
La situación energética del país requiere responsabilidad y es razonable buscar mecanismos para evitar escenarios de desabastecimiento.
Pero también es necesario reconocer que ahorrar energía no significa lo mismo en todas las regiones de Colombia.
En el Caribe, donde el calor forma parte de la vida cotidiana y donde las temperaturas pueden llevar la sensación térmica a niveles extremos, el consumo de energía tiene una relación directa con la necesidad de refrigerar viviendas, comercios y espacios de trabajo.
Y mientras la discusión continúa, las redes eléctricas ya están mostrando señales de presión.
115 transformadores averiados en ocho días en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Esa cifra convierte el debate en algo mucho más concreto.
Ya no se trata solamente de una resolución escrita en Bogotá.
Se trata de lo que ocurre en las calles, en los barrios, en las casas y en los negocios de la Costa.
Porque para muchas familias del Caribe la pregunta no es simplemente si quieren consumir menos.
La pregunta es otra:
¿Cuánta energía pueden realmente dejar de consumir cuando el calor obliga a encender el abanico, el aire acondicionado y la nevera para poder vivir con normalidad?
Esa es la pregunta que ahora deberá responder la regulación energética del país.
