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El presidente pidió al canciller Omar Bula y a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, evaluar el proceso que enfrenta el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega en Miami. El juicio civil está relacionado con la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán durante los hechos del Palacio de Justicia de 1985.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tomó posición frente a uno de los procesos judiciales más sensibles relacionados con el Palacio de Justicia.
El mandatario ordenó al canciller Omar Bula y a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, evaluar el caso que enfrenta en territorio estadounidense el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega y determinar de qué manera el Estado colombiano puede acompañarlo.
La instrucción fue dada públicamente por el jefe de Estado este lunes 7 de septiembre, un día antes de que comience en Miami el juicio civil relacionado con la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, ocurrida después de la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
La decisión presidencial abre nuevamente un debate que durante décadas ha dividido a Colombia: el papel de los militares durante la retoma del Palacio de Justicia, la responsabilidad de mando, las desapariciones y ejecuciones ocurridas durante esos hechos y los procesos judiciales que posteriormente enfrentaron algunos integrantes de la Fuerza Pública.
“Es deber del Estado acompañarlo”
El presidente De la Espriella defendió públicamente a Plazas Vega y aseguró que el coronel retirado es un “héroe de la Patria”.
El mandatario recordó que la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró inocente a Plazas Vega y calificó como una “persecución judicial” el proceso que enfrentó durante años.
Sin embargo, advirtió que el caso continúa fuera del país y que ahora el coronel retirado tendrá que responder ante la justicia estadounidense.
“Si el coronel tiene que enfrentar situaciones jurídicas por cuenta de hechos ocurridos en el ejercicio de su deber, en defensa de la Patria, es deber del Estado acompañarlo”, afirmó el presidente.
A partir de esa posición, De la Espriella pidió al canciller y a la embajadora que revisen el expediente y procedan de acuerdo con las posibilidades del Estado colombiano.
El mandatario también sostuvo que los integrantes de las Fuerzas Armadas que actuaron en cumplimiento de sus funciones no deben quedar solos frente a procesos judiciales derivados de sus actuaciones.
¿Qué enfrenta Plazas Vega en Estados Unidos?
El proceso que llega ahora a los tribunales estadounidenses está relacionado con la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán.
Urán era magistrado auxiliar del Consejo de Estado y se encontraba dentro del Palacio de Justicia cuando el M-19 tomó el edificio el 6 de noviembre de 1985.
La operación de recuperación del Palacio por parte de la Fuerza Pública se extendió durante varias horas y terminó con decenas de muertos y desaparecidos.
El caso de Urán ha sido particularmente controvertido porque existen investigaciones y decisiones judiciales que han señalado que salió con vida del Palacio de Justicia y que posteriormente fue víctima de hechos que terminaron con su muerte.
Las hijas del magistrado llevaron el caso ante la justicia estadounidense y sostienen que Plazas Vega tuvo responsabilidad en los hechos relacionados con la tortura y ejecución extrajudicial de su padre.
Esa acusación es precisamente uno de los puntos que tendrá que analizar el tribunal federal en Miami.
Un proceso diferente al que se adelantó en Colombia
Uno de los puntos que ha generado mayor discusión es que el proceso estadounidense ocurre después de que Plazas Vega fuera absuelto por la Corte Suprema de Justicia colombiana.
Por eso, el Gobierno de De la Espriella considera que el coronel retirado está siendo nuevamente llevado ante la justicia por hechos frente a los cuales ya obtuvo una decisión favorable en Colombia.
Sin embargo, el proceso que comienza en Estados Unidos tiene una naturaleza diferente.
Según la información publicada sobre el caso, se trata de una demanda civil presentada por las hijas de Carlos Horacio Urán.
La discusión en Miami estará relacionada con las responsabilidades que puedan establecerse por los hechos ocurridos contra el magistrado.
Por eso, la absolución obtenida en Colombia será uno de los elementos que seguramente estará en el centro de la discusión, pero el tribunal estadounidense deberá analizar el caso dentro de su propio marco jurídico.
El Palacio de Justicia, 41 años después
La controversia tiene como escenario uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia.
El 6 de noviembre de 1985, integrantes del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia y tomaron como rehenes a magistrados, funcionarios y otras personas que se encontraban en el edificio.
La respuesta militar comenzó poco después.
Durante la retoma se produjeron intensos combates y un incendio que destruyó buena parte del edificio.
El resultado fue una tragedia con decenas de personas muertas y desaparecidas.
Entre las víctimas estuvo el magistrado Carlos Horacio Urán.
Pero precisamente qué ocurrió con las personas que fueron sacadas con vida del Palacio es uno de los capítulos más controversiales de la investigación.
El caso Urán
La familia de Carlos Horacio Urán ha sostenido durante años que el magistrado salió vivo del Palacio de Justicia.
Las investigaciones posteriores se concentraron en establecer qué ocurrió después.
El proceso ha generado múltiples decisiones judiciales y una larga discusión sobre la responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública.
La versión de la familia es que Urán fue llevado a instalaciones militares y posteriormente torturado y ejecutado.
El proceso que comienza en Miami busca establecer responsabilidades a partir de las pruebas que sean presentadas ante el jurado federal.
En ese escenario, la actuación de Plazas Vega durante la retoma y la llamada responsabilidad de mando serán asuntos centrales.
¿Qué dice el Gobierno colombiano?
La posición del presidente De la Espriella es clara: el Estado debe acompañar a un militar retirado cuando este enfrenta consecuencias jurídicas relacionadas con actuaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones.
El mandatario aseguró que no permitirá que los integrantes de la Fuerza Pública queden abandonados frente a procesos judiciales.
“Los soldados de la Patria no pueden ser dejados a merced del litigio estratégico que tanto daño les hace a las instituciones”, sostuvo.
La frase marca una diferencia importante frente a la forma como anteriores gobiernos han abordado algunos procesos relacionados con violaciones de derechos humanos cometidas durante operaciones militares.
De la Espriella está planteando una política de respaldo político e institucional a los integrantes de la Fuerza Pública que, según su Gobierno, actuaron en defensa del Estado.
Un mensaje directo a las Fuerzas Militares
La decisión también tiene una lectura política.
El presidente ha convertido la seguridad y el respaldo a las Fuerzas Militares en uno de los principales ejes de su Gobierno.
Desde sus primeros días en el poder, la administración ha endurecido su discurso frente a las organizaciones armadas ilegales y ha cerrado espacios de diálogo y conversaciones sociojurídicas que habían sido abiertos durante el Gobierno anterior.
El Gobierno ha insistido en que la autoridad estatal debe recuperar el control del territorio y que los integrantes de la Fuerza Pública tendrán respaldo para enfrentar a los grupos armados.
El caso Plazas Vega encaja dentro de esa misma línea política.
El mensaje del presidente es que los militares que participaron en operaciones consideradas legítimas por el Estado no deben quedar sin respaldo cuando años después enfrentan procesos judiciales.
Pero el caso también genera críticas
La posición presidencial inevitablemente genera controversia.
Los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia y sectores defensores de los derechos humanos han mantenido durante décadas que las investigaciones deben establecer responsabilidades individuales y de mando por las desapariciones y muertes ocurridas durante la retoma.
Desde esa perspectiva, el hecho de que Plazas Vega haya sido absuelto en Colombia no significa que todas las discusiones judiciales relacionadas con los hechos hayan quedado cerradas.
La demanda presentada en Estados Unidos representa precisamente un nuevo escenario para que las partes presenten sus argumentos y pruebas.
Por eso, uno de los grandes interrogantes es hasta dónde puede llegar el acompañamiento del Estado colombiano sin interferir en la independencia de la justicia estadounidense.
El juicio comienza este martes
El proceso está previsto para comenzar este martes 8 de septiembre en Miami.
Ante un jurado federal se presentarán pruebas relacionadas con lo ocurrido durante la toma y retoma del Palacio de Justicia y, particularmente, con las circunstancias que rodearon la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán.
El juicio podría convertirse nuevamente en una ventana internacional hacia uno de los episodios más dolorosos de la historia colombiana.
Durante las audiencias se espera que las partes presenten documentos, testimonios y otros elementos relacionados con los hechos de 1985.
También estará sobre la mesa la actuación de los militares que participaron en la recuperación del Palacio.
¿Qué papel tendrá Colombia?
La orden del presidente al canciller y a la embajadora plantea ahora una pregunta clave: ¿cómo acompañará exactamente el Estado colombiano a Plazas Vega?
La instrucción presidencial fue evaluar el caso y proceder de conformidad.
Esto significa que la Cancillería deberá estudiar cuáles son las herramientas diplomáticas y jurídicas que puede utilizar dentro de los límites establecidos por la legislación colombiana y estadounidense.
El Gobierno tendrá que determinar si el acompañamiento será estrictamente consular, diplomático o si puede existir algún tipo de asistencia adicional.
Lo que no puede hacer el Estado colombiano es sustituir a la defensa del acusado ni intervenir directamente en las decisiones de los tribunales estadounidenses.
El proceso deberá seguir las reglas de la justicia de Estados Unidos.
Un nuevo capítulo de una historia que Colombia no ha cerrado
Más de cuatro décadas después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el caso vuelve a ocupar los titulares.
La decisión de De la Espriella reabre además un debate que sigue dividiendo a la sociedad colombiana.
Para quienes respaldan a Plazas Vega, el coronel es un militar que cumplió con su deber durante una operación contra una organización guerrillera que había tomado el principal símbolo de la justicia colombiana.
Para sus críticos y para los familiares de algunas víctimas, el debate no termina con la derrota del M-19: también debe establecerse qué ocurrió con las personas que fueron sacadas con vida del edificio y cuáles fueron las responsabilidades individuales por las muertes y desapariciones posteriores.
Ahora esa discusión llegará nuevamente a los tribunales.
La postura de De la Espriella marca una línea de Gobierno
La intervención del presidente en el caso también sirve para mostrar una de las líneas que marcarán su administración.
De la Espriella ha dejado claro que pretende fortalecer el respaldo político a las Fuerzas Militares y mantener una postura de confrontación frente a las organizaciones armadas.
Su mensaje sobre Plazas Vega sigue esa misma lógica: los militares que actuaron en defensa del Estado no serán abandonados por el Gobierno.
La diferencia estará en cómo se materialice ese respaldo y hasta dónde llegará la Cancillería.
El debate apenas comienza
Mientras el proceso entra en su etapa judicial en Miami, las posiciones ya están claramente marcadas.
Por un lado, el presidente colombiano respalda públicamente a Plazas Vega y considera que el Estado debe acompañarlo.
Por otro, los familiares de Carlos Horacio Urán sostienen su acusación y buscan que la justicia estadounidense determine responsabilidades por la muerte del magistrado.
El juicio tendrá que resolver, a partir de las pruebas que se presenten, las responsabilidades que correspondan dentro de su jurisdicción.
Lo cierto es que el Palacio de Justicia, uno de los episodios que más heridas dejó en Colombia durante el siglo XX, vuelve a abrir un capítulo judicial.
Esta vez, no será en Bogotá, sino en Miami, y con el Gobierno colombiano tomando una posición pública antes de que comience el proceso.
Noticias 3 seguirá el desarrollo del juicio y las decisiones que adopte la justicia estadounidense en este caso que, 41 años después, continúa generando preguntas, controversia y profundas divisiones en Colombia.
