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UNA DECLARACIÓN Y REGISTROS TELEFÓNICOS ABREN UNA NUEVA LÍNEA EN EL MAGNICIDIO
El asesinato de Miguel Uribe Turbay vuelve a generar interrogantes.
Más de un año después del atentado que terminó con la vida del senador y precandidato presidencial, la investigación entra nuevamente en un terreno sensible: el funcionamiento de su esquema de seguridad y la posibilidad de que información sobre sus movimientos haya llegado a manos de quienes prepararon el crimen.
La Fiscalía mantiene abierta una línea de investigación para establecer si personas vinculadas al círculo de protección del político pudieron entregar información a integrantes de la organización criminal que ejecutó el atentado.
No se trata, por ahora, de una conclusión definitiva.
Lo que existe son declaraciones, coincidencias telefónicas y otros elementos que están siendo revisados por los investigadores para determinar si hubo una infiltración y, en caso de haberla, cuál habría sido su alcance.
UNA DECLARACIÓN QUE VOLVIÓ A PONER EL FOCO EN LOS ESCOLTAS
Uno de los elementos que tomó fuerza en las últimas semanas es la declaración entregada por un menor de edad que participó materialmente en el atentado.
Según lo conocido dentro de la investigación, el joven habló ante la Fiscalía sobre la manera como fue contactado para ejecutar el crimen y entregó información relacionada con la preparación del ataque.
Entre sus afirmaciones aparece una referencia especialmente delicada: aseguró que le habían dicho que había escoltas que estaban de parte de la estructura que preparaba el asesinato.
El menor también habló de un grupo de comunicación utilizado para compartir información sobre los movimientos del senador, sus rutinas y posibles lugares para ejecutar el ataque.
La Fiscalía ahora debe determinar qué tan confiable es esa información, quiénes podrían estar detrás de esas comunicaciones y, sobre todo, si existen elementos externos que permitan comprobar lo dicho.
Porque una declaración, por sí sola, no demuestra que un integrante del esquema de seguridad haya participado en el crimen.
Y precisamente por eso los investigadores están cruzando esa versión con otras evidencias.
DOS COINCIDENCIAS QUE LLAMARON LA ATENCIÓN
Uno de esos elementos son registros relacionados con teléfonos utilizados por integrantes del esquema de seguridad.
La investigación encontró coincidencias entre los teléfonos de dos escoltas y el aparato que utilizaba alias “El Viejo”, uno de los hombres señalados como pieza clave dentro de la estructura que ejecutó el magnicidio.
La primera coincidencia se habría registrado en enero de 2025.
Miguel Uribe se encontraba en Panamá y su esposa, María Claudia Tarazona, estaba en Miami.
En ese momento, los teléfonos de los dos escoltas aparecieron ubicados en una zona que también coincidía con la presencia del hombre conocido como “El Viejo”.
Meses después ocurrió algo similar.
A comienzos de abril de 2025, cuando Miguel Uribe y María Claudia Tarazona estaban en Cali, nuevamente se registró una coincidencia entre los teléfonos asociados a los escoltas y el aparato relacionado con “El Viejo”.
Esta vez, el registro se habría producido en inmediaciones del Congreso de la República.
Para los investigadores, estos episodios requieren una explicación.
Pero es fundamental aclararlo:
una coincidencia de ubicación no demuestra por sí sola una reunión ni una participación criminal.
Lo que busca establecer la Fiscalía es qué ocurrió realmente en esos momentos, por qué coincidieron las señales y si existió algún contacto entre esas personas.
¿SE ENTREGÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DEL SENADOR?
Esta es una de las preguntas centrales.
El atentado no habría sido un hecho improvisado.
Las investigaciones han establecido que existieron labores de seguimiento previas al ataque y que los responsables conocían información relacionada con las rutinas del senador.
La declaración del menor apunta precisamente a que dentro de la organización criminal circulaban datos sobre los desplazamientos de Miguel Uribe.
También se habrían conocido lugares frecuentados por el político y características de sus recorridos.
Por eso los investigadores intentan determinar de dónde salió esa información.
Una de las posibilidades que se analiza es que parte de los datos hubiera sido obtenida a través de personas cercanas al esquema de seguridad.
Pero nuevamente, esto continúa bajo investigación.
La Fiscalía debe establecer quién entregó la información, cuándo lo hizo, qué información fue suministrada y si esa persona tenía acceso legítimo a los movimientos del senador.
EL NOMBRE DE “EL VIEJO”
Dentro de esta historia aparece repetidamente el nombre de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”.
El hombre fue señalado como una pieza importante dentro de la estructura que coordinó el ataque.
La investigación estableció que tuvo funciones relacionadas con la logística del crimen y con el seguimiento previo al senador.
Posteriormente fue condenado tras aceptar su responsabilidad mediante un acuerdo con la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, “El Viejo” habría encargado parte de la operación a Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”.
Este último habría tenido a su cargo labores de coordinación dentro de la estructura criminal.
La cadena investigada llegó hasta el adolescente que finalmente disparó contra Miguel Uribe.
Sin embargo, ahora las autoridades buscan establecer si detrás de esa estructura existió además una fuente de información ubicada cerca del propio esquema de protección.
LA SEGURIDAD YA HABÍA SIDO UNA PREOCUPACIÓN
Hay otro elemento que vuelve especialmente delicada esta nueva línea de investigación.
Miguel Uribe había advertido previamente que consideraba insuficiente su protección.
Meses antes del atentado, el entonces senador habló con funcionarios encargados de evaluar su nivel de riesgo.
En esa entrevista explicó las amenazas que consideraba que enfrentaba, su condición de dirigente de oposición y su exposición política.
También manifestó preocupación por sus desplazamientos fuera de Bogotá, especialmente porque no siempre contaba con el mismo nivel de protección.
La información quedó registrada dentro de un proceso de evaluación de riesgo.
Posteriormente, la Unidad Nacional de Protección mantuvo para él un esquema considerado de riesgo extraordinario.
Ese esquema incluía vehículos y personal de protección.
Sin embargo, el debate sobre si esas medidas eran suficientes se intensificó después del atentado.
UNA ADVERTENCIA QUE HOY COBRA OTRA DIMENSIÓN
Miguel Uribe no era un político desconocido para los organismos de seguridad.
Era senador, integrante de la oposición y una figura que había anunciado su intención de participar en la carrera presidencial.
Además, su historia familiar lo convertía en una persona particularmente sensible dentro del contexto de violencia política del país.
Su madre, Diana Turbay, fue secuestrada por el grupo de Los Extraditables y murió durante un operativo de rescate en 1991.
El propio Miguel Uribe había mencionado estos antecedentes cuando habló sobre su situación de seguridad.
Por eso, después del atentado, surgió una pregunta inevitable:
¿Se hizo todo lo necesario para protegerlo?
Pero ahora aparece una segunda pregunta todavía más compleja:
¿Alguien desde adentro pudo haber facilitado información a los asesinos?
LA INVESTIGACIÓN NO APUNTA AL JEFE DEL ESQUEMA COMO RESPONSABLE
En medio de esta discusión hay que hacer una precisión.
La investigación adelantada contra Víctor Hugo Gómez Velasco, quien era jefe del esquema de seguridad de Miguel Uribe, fue precluida.
Las autoridades judiciales concluyeron que no existían elementos para atribuirle una conducta omisiva deliberada relacionada con el atentado.
De acuerdo con esa investigación, el uniformado reaccionó durante el ataque, protegió al senador y participó en las acciones de evacuación.
La conclusión fue que el atentado correspondió a una operación criminal previamente estructurada y que no se demostró que el jefe del esquema hubiera actuado de manera negligente o deliberadamente omitido sus funciones.
Por eso, la nueva investigación sobre una posible filtración no debe confundirse con una acusación contra el jefe de seguridad.
Son asuntos diferentes.
ENTONCES, ¿DÓNDE ESTÁ LA DUDA?
La pregunta está en otros posibles integrantes o contactos relacionados con el esquema de protección.
La Fiscalía intenta determinar si hubo personas que, sin necesariamente participar directamente en el ataque, pudieron entregar información útil a la organización criminal.
La hipótesis tendría que probarse con evidencia.
Los investigadores deben establecer si existieron reuniones, comunicaciones, pagos o intercambio de información.
Y también deberán determinar si las coincidencias telefónicas fueron casuales o si corresponden a encuentros previamente coordinados.
LA RUTA DEL DINERO TAMBIÉN ES IMPORTANTE
Otro aspecto que aparece dentro de las líneas de investigación tiene que ver con posibles pagos.
La Procuraduría ha pedido profundizar en información relacionada con eventuales entregas de dinero a integrantes de la estructura criminal y con la posible utilización de información privilegiada.
Este punto puede resultar determinante.
Si se demuestra que una persona vinculada al esquema recibió dinero a cambio de información sobre el senador, la investigación podría dar un salto importante.
Pero hasta que eso sea probado, se mantiene como una línea de investigación.
No existe una conclusión judicial que permita afirmar que todos los integrantes del esquema participaron en el crimen.
UN ATENTADO PLANEADO CON ANTELACIÓN
Lo que sí está establecido en el proceso es que el asesinato no fue producto de una decisión tomada minutos antes del ataque.
La investigación ha identificado una estructura con diferentes niveles.
Personas encargadas de conseguir información.
Otras dedicadas al seguimiento.
Personas encargadas de la logística.
Quienes consiguieron armas.
Y finalmente quienes ejecutaron materialmente el atentado.
El adolescente que disparó contra Miguel Uribe fue apenas uno de los eslabones de una cadena mucho más amplia.
El desafío para la Fiscalía ahora es establecer si esa cadena contó con ayuda desde el entorno de seguridad del senador.
¿QUIÉN DIO LA INFORMACIÓN?
Esta es quizás la pregunta más importante que queda pendiente.
Los asesinos necesitaban saber dónde estaba Miguel Uribe.
Necesitaban conocer sus desplazamientos.
Debían identificar momentos de vulnerabilidad.
Y tenían que elegir un lugar en el que pudieran acercarse al senador.
La Fiscalía ha avanzado en la identificación de quienes participaron en diferentes etapas del crimen.
Pero ahora busca establecer si parte de esa información llegó desde personas que tenían acceso directo o indirecto a la seguridad del político.
La declaración del menor y las coincidencias telefónicas podrían convertirse en piezas importantes para responder esa pregunta.
Pero deberán ser verificadas.
MARÍA CLAUDIA TARAZONA TAMBIÉN ESTÁ EN ALERTA
La investigación genera además preocupación por la seguridad de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe.
Tarazona ha manifestado públicamente sus dudas sobre lo ocurrido y ha insistido en que desde el comienzo pidió que se investigara el esquema de protección.
También ha cuestionado que, pese a la investigación por una posible infiltración, su esquema de seguridad no haya cambiado de manera que ella considere suficiente.
El tema es especialmente delicado porque cualquier información sobre su rutina podría representar un riesgo.
Por eso, la discusión sobre la seguridad ya no solamente gira alrededor de lo que ocurrió con Miguel Uribe.
También involucra a quienes permanecen expuestos después del magnicidio.
UN CASO QUE TODAVÍA TIENE PREGUNTAS ABIERTAS
El asesinato de Miguel Uribe Turbay ya tiene responsables identificados y personas condenadas.
Pero eso no significa que todas las preguntas estén resueltas.
La justicia todavía debe establecer completamente quién ordenó el crimen, cómo se coordinó cada etapa y quiénes tuvieron conocimiento previo de los movimientos del senador.
También debe determinar si existió una infiltración en su esquema de seguridad y si alguien utilizó información privilegiada para facilitar el ataque.
Por ahora, la Fiscalía mantiene esa línea abierta.
Y cada nuevo elemento está siendo contrastado con las pruebas que ya reposan en el expediente.
LA PREGUNTA QUE AHORA PESA SOBRE EL CASO
Durante meses, la discusión estuvo concentrada en los autores materiales y en la estructura criminal que ejecutó el asesinato.
Ahora el foco se mueve hacia otro lugar.
¿La información que permitió seguir los pasos de Miguel Uribe salió de su propio entorno de seguridad?
Esa es la pregunta que deberán responder los investigadores.
Una declaración.
Dos coincidencias telefónicas.
Seguimientos previos.
Información sobre sus rutinas.
Y una estructura criminal que, según la investigación, llevaba meses preparando el ataque.
Todo está siendo conectado por la Fiscalía.
Pero todavía falta la prueba que permita establecer si esas piezas forman realmente una misma historia.
Mientras tanto, la familia de Miguel Uribe continúa exigiendo respuestas y la justicia mantiene abierta una investigación que podría revelar nuevos detalles sobre uno de los crímenes políticos más graves de los últimos años en Colombia.
El atentado ocurrió en junio de 2025. Miguel Uribe murió en agosto de ese mismo año. Y hoy, más de un año después, la pregunta sobre su seguridad vuelve al centro de la investigación: no solamente quién lo atacó, sino si alguien desde su entorno pudo haber facilitado que los asesinos supieran dónde encontrarlo.
