La Unidad Nacional de Protección ordenó retirar las medidas de seguridad asignadas al entorno familiar del activista. Aunque tenían plazo para controvertir la decisión, Coral confirmó que no presentarán recurso.

La controversia alrededor de los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, UNP, sumó un nuevo capítulo con el caso del activista y creador de contenido Beto Coral.

Después de que la entidad notificara el retiro de las medidas de protección que tenía su madre y su hermano, Coral anunció que su familia decidió no apelar la determinación.

La decisión fue comunicada públicamente este 29 de agosto, luego de que Coral compartiera un pronunciamiento de su madre en el que cuestiona la determinación de la UNP y expone las circunstancias de seguridad que, según ella, han rodeado a su familia.

La decisión de la UNP

La Unidad Nacional de Protección notificó la decisión de retirar las medidas de seguridad que habían sido asignadas a familiares de Beto Coral, después de una revisión de las circunstancias que dieron origen a dichos esquemas.

La determinación se produjo en medio de una revisión más amplia de los esquemas de protección existentes dentro de la entidad, luego de la llegada de una nueva dirección a la UNP.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, la familia de Coral recibió la resolución y tenía un término de diez días para presentar los recursos correspondientes y controvertir la decisión.

Sin embargo, Beto Coral informó que no recurrirán.

La respuesta de la madre de Beto Coral

Tras conocer la decisión, Coral publicó un comunicado de su madre en el que manifestó su desacuerdo con el retiro de la protección.

La madre del activista recordó, según el pronunciamiento divulgado por su hijo, las situaciones de amenaza y persecución que asegura haber enfrentado y cuestionó que se haya tomado la decisión de desmontar las medidas de seguridad.

Uno de los elementos que ha generado discusión es que la mujer es viuda de un oficial de la Policía Nacional y, de acuerdo con lo expresado por la familia, ha sido objeto de amenazas.

Pese a estos cuestionamientos, la familia decidió no utilizar el mecanismo de apelación disponible frente a la decisión de la UNP.

Beto Coral había anunciado que no quería mantener el esquema

El caso tiene un antecedente particular.

En julio, después de regresar a Colombia tras ser deportado de Estados Unidos, Beto Coral había manifestado que tenía previsto renunciar al esquema de seguridad que le había sido asignado por la UNP.

En ese momento, el activista sostuvo que tanto su madre como otros integrantes de su familia habían recibido amenazas y que esas circunstancias habían sido consideradas durante la evaluación de seguridad.

Coral también afirmó que continuaría realizando sus actividades de oposición y sus denuncias públicas frente al nuevo Gobierno.

La situación cambió posteriormente con la decisión formal de la UNP de retirar las medidas que tenía su entorno familiar.

¿Por qué se revisaron las medidas?

La revisión de estos esquemas se produce en medio de un proceso de evaluación de las medidas de protección existentes en la UNP.

La entidad viene revisando casos que fueron asignados durante la administración anterior y determinando si las circunstancias que justificaron originalmente las medidas continúan vigentes.

En el caso de Beto Coral, la asignación de protección ya había generado controversia desde su regreso al país.

El activista regresó a Colombia después de abandonar su proceso de asilo en Estados Unidos y ser deportado de ese país. Posteriormente recibió medidas de protección, situación que generó cuestionamientos públicos y también críticas desde sectores sindicales de la propia UNP.

No es el único caso bajo revisión

La decisión sobre el entorno de Beto Coral coincidió con otros movimientos de la UNP.

Entre los casos que también generaron atención está el de Juliana Guerrero, a quien igualmente le fue notificado el retiro de su esquema de seguridad.

Sin embargo, Guerrero posteriormente aseguró que su esquema continuaba en evaluación debido a las amenazas que, según ha denunciado, existen en su contra.

Por eso, aunque los nombres de Coral y Guerrero aparecieron relacionados con las decisiones conocidas esta semana, las circunstancias particulares de cada caso no son idénticas.

Una decisión que abre una nueva discusión

El retiro de los esquemas vuelve a abrir el debate sobre los criterios utilizados por el Estado para asignar protección a personas que consideran estar en riesgo.

La UNP debe determinar, mediante sus procedimientos técnicos, quién requiere protección y qué tipo de medidas resultan necesarias de acuerdo con el nivel de riesgo establecido.

Al mismo tiempo, quienes reciben esas medidas tienen la posibilidad de controvertir las decisiones cuando consideran que su seguridad continúa comprometida.

En el caso de Beto Coral, esa posibilidad existía, pero la familia decidió no utilizarla.

La controversia, por ahora, queda planteada públicamente: mientras la UNP sostiene su decisión dentro del proceso de revisión de los esquemas, la familia Coral cuestiona el retiro de las medidas y advierte sobre los antecedentes de amenazas que, según su versión, han enfrentado.

El trasfondo político

El caso también tiene un componente político debido a la posición pública de Beto Coral.

El creador de contenido es reconocido por su cercanía con el sector político del expresidente Gustavo Petro y por sus fuertes críticas a sectores de oposición.

Su regreso a Colombia y la posterior asignación de medidas de protección ocurrieron en un momento de transición política, con la llegada del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Coral había anunciado que no tenía intención de guardar silencio frente al nuevo Gobierno y que continuaría con su actividad política y en redes sociales.

Ahora, después de la decisión de la UNP, su familia queda frente a un nuevo escenario de seguridad.

Beto Coral, sin embargo, ya dejó clara su posición: no apelarán la decisión.

La discusión queda entonces en manos de la UNP y de las autoridades encargadas de evaluar los riesgos, mientras la familia sostiene que las amenazas que ha denunciado no han desaparecido.