La pelea por el terreno de la Aleta del Tiburón termina con 20 locales fuera del lugar

Una decisión de la Inspección 21 de Paz y Convivencia ordenó recuperar los lotes ubicados alrededor de la Ventana de Campeones. El Distrito sostiene que se trata de un bien fiscal de uso comunitario; comerciantes aseguran haber ocupado el lugar mediante acuerdos de arrendamiento y reclaman por las pérdidas económicas.

La imagen de la Aleta del Tiburón cambió este lunes en medio de un operativo que puso fin a la permanencia de una veintena de establecimientos comerciales instalados en sus alrededores.

La Alcaldía de Barranquilla ejecutó la recuperación del terreno después de una audiencia de casi ocho horas en la que la Inspección 21 de Paz y Convivencia resolvió a favor del Distrito y ordenó la restitución del área.

El procedimiento involucró a diferentes dependencias de la administración distrital, además de la Personería, la Policía y otras autoridades que acompañaron la diligencia.

Lo que ocurrió en este punto turístico de Barranquilla, sin embargo, tiene detrás una disputa que viene de tiempo atrás: ¿quién tenía derecho a ocupar y arrendar esos terrenos?

El Distrito dice que el terreno es un bien fiscal

La posición de la administración distrital es contundente.

Según lo establecido en la diligencia, el terreno corresponde a un bien fiscal imprescriptible destinado al uso y beneficio de la comunidad, por lo que los particulares que habían instalado negocios allí no tendrían derechos de posesión reconocidos judicialmente.

Con esa determinación se ordenó la desocupación total del área.

El Distrito sostiene además que algunos comerciantes habían llegado al lugar mediante contratos celebrados con una persona que se presentaba como poseedora del terreno y que posteriormente habría arrendado los espacios para instalar los establecimientos comerciales.

La administración considera que esos acuerdos no podían otorgar derechos sobre un predio cuya naturaleza, según la decisión administrativa, corresponde a un bien fiscal.

El operativo también buscaba impedir que continuara la instalación de nuevos establecimientos y, según la información entregada por el Distrito, frenar el cobro de cuotas por el uso de los espacios.

Los comerciantes cuentan otra historia

Los afectados no comparten esa interpretación.

Una de las personas que ha defendido la permanencia de los establecimientos es Merlys Rojas, quien ha sostenido que su familia mantiene la posesión del terreno desde hace décadas y que ella ha sido la encargada de arrendar espacios a comerciantes.

Desde esa posición, los ocupantes han cuestionado la decisión de la administración y han defendido la existencia de una relación contractual que, según ellos, les permitía desarrollar sus actividades comerciales.

La controversia, por tanto, no desaparece con el desalojo.

La discusión sobre quién tiene derechos sobre el predio puede continuar por las vías que correspondan, mientras que la decisión de la Inspección 21 permitió al Distrito recuperar físicamente el espacio.

Comerciantes denuncian fuertes pérdidas

Para quienes tenían negocios allí, la decisión representa un golpe económico considerable.

Caracol Radio reportó que algunos comerciantes aseguraron haber invertido más de $100 millones en adecuaciones, equipos y decoración de sus establecimientos.

Ahora buscan alternativas para recuperar parte de lo invertido y han planteado la posibilidad de una reubicación o algún mecanismo de compensación.

El problema es que la decisión administrativa no implica, por sí misma, que el Distrito deba reconocer esas inversiones como una obligación de pago.

Ese será precisamente uno de los puntos que podrían generar nuevas discusiones entre los comerciantes y las autoridades.

No fue el primer operativo

El desalojo del lunes estuvo precedido por otra intervención.

El viernes 21 de agosto, la Oficina de Espacio Público había cerrado cinco establecimientos de los 21 negocios que se habían instalado recientemente en el sector.

En esa actuación fueron detectadas diferentes irregularidades relacionadas con documentación, certificados de bomberos, uso del suelo, requisitos sanitarios y derechos de autor.

Uno de los casos llamó especialmente la atención: un establecimiento presentó un certificado de bomberos cuya firma atribuida al secretario de Gobierno de Barranquilla, según informó la Alcaldía, no correspondía a la del funcionario.

En otro negocio se encontraron inconsistencias entre la razón social registrada y la documentación presentada, mientras que otro establecimiento no contaba con los permisos de bomberos ni con los requisitos sanitarios correspondientes.

Es decir, antes de la recuperación total del terreno ya existía una intervención administrativa sobre algunos de los negocios.

Una audiencia que terminó definiendo el futuro del lugar

La decisión que desencadenó el desalojo se produjo después de una diligencia extensa.

La audiencia comenzó alrededor de las 8:00 de la mañana y posteriormente se trasladó hasta el lugar donde funcionaban los establecimientos.

Al finalizar, la Inspección 21 determinó que procedía la restitución del predio y ordenó la salida de los ocupantes.

La mayoría de los comerciantes comenzó a retirar sus pertenencias y, de acuerdo con el Distrito, las autoridades facilitaron vehículos para transportar los elementos de los negocios.

Durante la jornada se presentaron momentos de tensión y preocupación entre los comerciantes, especialmente por el retiro de equipos, muebles, neveras, mesas y otros elementos utilizados para desarrollar las actividades comerciales.

El futuro del área queda ahora en manos del Distrito

La recuperación del terreno abre otra pregunta: ¿qué hará Barranquilla con el espacio una vez retirados los establecimientos?

La zona se encuentra en un punto estratégico del Gran Malecón, junto a uno de los monumentos más reconocibles de la ciudad: la Ventana de Campeones, conocida popularmente como la Aleta del Tiburón.

La Alcaldía ha venido desarrollando durante los últimos años diferentes proyectos de recuperación y aprovechamiento de los espacios alrededor del río Magdalena.

De hecho, el área forma parte de un proceso de transformación urbana que comenzó con la recuperación de La Loma y la consolidación del Gran Malecón como uno de los principales espacios turísticos y de recreación de Barranquilla.

Por eso, la administración sostiene que recuperar el terreno permitirá garantizar el uso comunitario de un espacio ubicado en una zona estratégica de la ciudad.

Una disputa que todavía no termina

El desalojo resolvió, por ahora, quién ocupa físicamente los terrenos.

Pero no necesariamente puso punto final a la discusión jurídica y económica.

De un lado está la posición del Distrito: el terreno es un bien fiscal imprescriptible destinado al uso comunitario y los negocios estaban ocupando el área sin un derecho reconocido sobre el predio.

Del otro están los comerciantes y quienes han defendido la ocupación del terreno, quienes sostienen que existían acuerdos de arrendamiento y cuestionan las consecuencias económicas de la decisión.

Mientras se define si habrá nuevas acciones legales, los 20 establecimientos ya no podrán continuar funcionando en ese lugar.

La escena alrededor de la Aleta del Tiburón quedó así transformada: donde hasta hace pocos días había restaurantes, bares y otros negocios, ahora queda nuevamente disponible un espacio cuya utilización futura será definida por el Distrito.

Y detrás de la recuperación del terreno permanece una pregunta que ha acompañado esta controversia desde hace años: ¿cómo llegó un espacio ubicado junto a uno de los símbolos turísticos de Barranquilla a convertirse en escenario de una disputa entre particulares y la administración distrital?

Por ahora, la autoridad administrativa ya tomó una decisión sobre la ocupación. La discusión sobre los derechos que alegan quienes explotaban comercialmente el lugar podría tener todavía nuevos capítulos.