El presidente anunció una reunión con la cúpula de la Fuerza Pública para analizar el atentado que dejó un muerto y 11 heridos en Norte de Santander.
El Gobierno nacional prepara una respuesta institucional al atentado con carro bomba ocurrido durante la noche del lunes en Los Patios, Norte de Santander, donde una persona murió y otras 11 resultaron heridas.
Tras conocer la gravedad del ataque contra la estación de Policía, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad con la participación de los principales mandos de la Fuerza Pública.
El mandatario aseguró que participará personalmente en la reunión y que el Estado intensificará la persecución contra quienes estén detrás de la acción violenta.
“Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, manifestó De la Espriella al referirse al ataque.
La explosión ocurrió cerca de las 11:15 de la noche y provocó daños en la infraestructura de la estación policial, vehículos y viviendas ubicadas en los alrededores. Un primer censo realizado por las autoridades municipales estableció que al menos 30 viviendas resultaron afectadas.
Entre las personas lesionadas se encuentran dos policías y nueve civiles, de acuerdo con los reportes preliminares conocidos durante las primeras horas de la investigación.
INVESTIGAN A LOS RESPONSABLES
Las autoridades de Norte de Santander manejan inicialmente la hipótesis de que el ataque habría sido ejecutado por integrantes del ELN. Sin embargo, las investigaciones continúan para establecer quiénes participaron en la planeación y ejecución del atentado.
Además del Consejo de Seguridad anunciado por el Gobierno nacional, las autoridades locales preparan nuevas medidas para reforzar la seguridad en Los Patios y evitar que puedan repetirse acciones similares.
El municipio permanece en alerta mientras avanzan las labores de investigación y se realiza el balance completo de los daños ocasionados por la explosión.
El ataque vuelve a poner a Norte de Santander en el centro de la preocupación por la situación de orden público y plantea un nuevo desafío para la estrategia de seguridad del Gobierno nacional.

