El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló que un recluso entregó información sobre un entramado criminal para acabar con la vida del jefe de la organización electoral. El Gobierno, el Congreso y los órganos de control exigieron reforzar su seguridad de inmediato.
Por: Redacción Noticias 3
26 de octubre de 2026
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Una grave alerta de seguridad sacude al panorama político e institucional de Colombia. Este lunes se conoció la existencia de un presunto plan criminal, fraguado desde el interior de un centro penitenciario del país, cuyo objetivo sería atentar contra la vida del registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.
La información fue recibida inicialmente por el ministro de Justicia, Iván Cancino, a través de la alerta emitida por una persona privada de la libertad que aseguró conocer detalles del entramado contra el funcionario. De manera inmediata, el jefe de la cartera de Justicia puso el caso en conocimiento del presidente de la República, Abelardo De la Espriella, del fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, y del propio registrador.
Según se conoció, Penagos —quien se encontraba en Brasil liderando la Misión de Observación Electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) para los comicios presidenciales de ese país— ya fue notificado oficialmente sobre la situación. Las autoridades judiciales y de inteligencia iniciaron las verificaciones correspondientes para establecer la veracidad del plan y dar con los autores intelectuales, mientras se coordina el fortalecimiento urgente de su esquema de protección.
“La democracia no se amedrenta”: ola de rechazo institucional
La revelación del supuesto plan criminal desató una condena unánime por parte de las altas esferas del Estado, los partidos políticos y el Ministerio Público, quienes coincidieron en que atacar al jefe del ente electoral representa una agresión directa contra la estabilidad democrática del país.
El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, rechazó tajantemente las intimidaciones y respaldó la labor de Penagos: “Rechazo total hacia cualquier amenaza a la vida de cualquier persona o servidor público. El registrador general de la Nación lo único que ha hecho es cumplir su tarea con responsabilidad, entrega y rigor en una labor que no es sencilla. Este país tiene que rechazar esto de plano”, afirmó ante los medios de comunicación.
Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, exigió resultados prontos a las autoridades investigativas: “Condenamos categóricamente las amenazas contra la vida del registrador nacional, Hernán Penagos. Solicitamos reforzar de inmediato su esquema de protección e identificar con celeridad a los responsables. ¡La democracia no se amedrenta!”.
El Congreso exige contundencia contra las bandas en las cárceles
Desde el Capitolio Nacional las voces de solidaridad no se hicieron esperar. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, manifestó todo su respaldo al registrador y enfatizó que “las amenazas no pueden tener cabida en nuestra democracia”, pidiendo esclarecer los hechos con prontitud.
En la misma línea se pronunció el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, quien calificó como inaceptable que los centros carcelarios sigan operando como centros de mando para el crimen contra el Estado: “El plan de atentado contra el registrador Hernán Penagos es una amenaza directa contra la Registraduría, el sistema electoral y la democracia colombiana. El Gobierno debe actuar con contundencia: ampliar medidas de protección de inmediato y llevar a los responsables ante la justicia. El Estado no se doblega ante los criminales”, puntualizó Barguil.
A las voces de rechazo también se sumó el Partido Conservador, colectividad que emitió un comunicado advirtiendo que “cualquier amenaza contra su vida es también una amenaza contra la institucionalidad democrática y las garantías electorales del país”, exigiendo al Ejecutivo plenas garantías para la integridad del funcionario y su familia.
Antecedentes de hostigamiento
Esta grave alerta se suma a un clima de tensión que ya había sido advertido meses atrás. En agosto pasado, la Defensoría del Pueblo había rechazado una serie de mensajes intimidatorios difundidos desde cuentas anónimas contra Hernán Penagos, otros funcionarios y las instalaciones de la Registraduría Nacional, producto de un ambiente de hostilidad tras los recientes procesos electorales. En aquel momento, el organismo humanitario ya había solicitado a la Fiscalía investigar el origen de los hostigamientos y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reevaluar el nivel de riesgo de la cúpula electoral.
Por ahora, la Fiscalía General de la Nación avanza en las labores de recolección de pruebas e interrogatorios en el centro carcelario de donde provino la alerta para desmantelar cualquier intento de ataque contra el registrador nacional.
