Medicina Legal confirmó que tres de las diez personas fallecidas eran menores de edad. El Ministerio de Defensa sostiene que hacían parte de una estructura armada y que se encontraban en combate durante la operación.

La muerte de tres menores de edad durante una operación militar en zona rural de El Retorno, Guaviare, abrió un nuevo debate nacional sobre el uso de la fuerza contra estructuras armadas y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos ilegales.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves 27 de agosto, cuando las Fuerzas Militares adelantaron la denominada Operación Amón contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a las disidencias asociadas a alias Calarcá.

El balance inicial hablaba de diez integrantes de la estructura armada muertos. Posteriormente, Medicina Legal confirmó la identidad de nueve de los cuerpos y estableció que entre las víctimas había tres menores de edad.

DOS TENÍAN 15 AÑOS Y UNO TENÍA 16

El Ministerio de Defensa confirmó que los tres menores tenían 15, 15 y 16 años.

Según la versión entregada por la cartera, los adolescentes no se encontraban como civiles en el lugar de la operación, sino que habían sido incorporados a la estructura armada y estaban participando en acciones de combate.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, aseguró que los diez fallecidos eran integrantes de la estructura armada y que durante la operación también fue capturada una persona y recuperado un menor de edad que se encontraba en el lugar.

A este último, según el Gobierno, le fueron restablecidos sus derechos.

La cartera de Defensa calificó el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos armados como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra.

EL GOBIERNO DEFIENDE LA OPERACIÓN

Ante la controversia generada por la presencia de menores entre las víctimas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella salió públicamente en defensa de la operación.

El presidente manifestó su respaldo a las Fuerzas Militares y sostuvo que las operaciones contra los grupos armados continuarán.

La posición oficial es que la responsabilidad por la presencia de los adolescentes en el campamento corresponde a la estructura armada que los habría reclutado y utilizado en actividades de combate.

El Gobierno también señaló que la operación fue planeada y ejecutada bajo los parámetros legales establecidos para este tipo de acciones militares.

¿CONTRA QUIÉN FUE EL OPERATIVO?

El objetivo militar estaba ubicado en una zona rural del municipio de El Retorno, en Guaviare, y correspondía a una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción asociada a las disidencias de alias Calarcá.

Durante el operativo fueron incautadas numerosas armas y elementos utilizados por la organización armada.

El Ministerio de Defensa reportó la incautación de 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas para mortero, ocho granadas de 40 milímetros, 184 minas antipersonales, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones, entre otros elementos.

El material encontrado es utilizado por el Gobierno como parte de los elementos que sustentan su afirmación de que se trataba de una estructura armada en actividad.

TODAVÍA HAY UN CUERPO SIN IDENTIFICAR

Medicina Legal logró establecer la identidad de nueve de las diez personas fallecidas.

El décimo cuerpo continúa bajo análisis debido a las condiciones en que fue recuperado.

Las autoridades no descartan que pueda corresponder a alias “Urías Perdomo”, señalado como integrante cercano de la estructura de Calarcá, pero hasta ahora esa identidad no ha sido confirmada oficialmente.

Por esta razón, el número de diez personas fallecidas permanece como el balance oficial de la operación, mientras continúan los procedimientos forenses.

EL DEBATE AHORA SE CENTRA EN LOS MENORES

La confirmación de que tres de las víctimas eran adolescentes ha generado cuestionamientos sobre las circunstancias que llevaron a que terminaran dentro del área atacada.

El Gobierno insiste en que fueron reclutados por el grupo armado y que participaban en acciones de combate.

Sin embargo, la discusión pública también se concentra en las obligaciones del Estado frente a menores vinculados a grupos armados y en los criterios utilizados para determinar la legalidad y proporcionalidad de una operación de este tipo.

La situación deberá ser analizada a partir de las evidencias de inteligencia, los informes operacionales y las circunstancias concretas en las que se desarrolló el ataque.

GOBIERNO ANUNCIA NUEVA ESTRATEGIA CONTRA EL RECLUTAMIENTO

El Ministerio de Defensa informó que, junto con el Ministerio de Justicia, trabaja en una mesa interinstitucional para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento y utilización de menores.

En esa mesa participarán entidades como la Fiscalía y la Rama Judicial, con el objetivo de fortalecer la persecución de quienes captan, reclutan o utilizan menores dentro de organizaciones armadas.

También se estudian posibles modificaciones y endurecimiento de las herramientas jurídicas para perseguir a las estructuras y a las cadenas de mando involucradas en estas prácticas.

UNA OPERACIÓN QUE MARCA EL GIRO EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD

El episodio ocurre en medio del endurecimiento de la política de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a las organizaciones armadas ilegales.

La administración ha anunciado el cierre de varios procesos de diálogo y ha insistido en que las estructuras que continúen utilizando la violencia serán enfrentadas por la Fuerza Pública.

El bombardeo en Guaviare se convierte así en uno de los primeros casos que pone a prueba esa nueva estrategia y, al mismo tiempo, en un episodio que vuelve a abrir uno de los debates más sensibles del conflicto colombiano: cómo enfrentar militarmente a grupos armados cuando dentro de sus filas hay menores de edad.

Por ahora, existe una certeza: Medicina Legal confirmó que tres adolescentes murieron en la operación.

La versión oficial del Gobierno señala que habían sido reclutados y que se encontraban en función de combate. Las autoridades deberán continuar documentando las circunstancias de su presencia en el campamento y del desarrollo de la operación para esclarecer completamente lo ocurrido.