El Gobierno tiene una ventaja inicial en las comisiones económicas, donde cuenta con los votos suficientes para sacar adelante el primer debate. Sin embargo, el proyecto genera reparos incluso entre sectores de la coalición por el aumento de la deuda y la reducción de la inversión.

El presidente Abelardo de la Espriella se prepara para enfrentar su primera gran prueba política en el Congreso con el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, una iniciativa que contempla recursos por $634,9 billones.

La propuesta fue presentada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, después de que las comisiones económicas devolvieran el proyecto que había dejado radicado el anterior gobierno de Gustavo Petro.

El nuevo presupuesto representa un aumento de $59,3 billones, equivalente a cerca del 10,3 %, frente a los $575,6 billones de la propuesta inicial.

Pero más allá del tamaño de la cifra, la discusión política estará centrada en cómo se financiará el presupuesto, cuánto se destinará a inversión y qué espacio tendrá el Gobierno para atender las nuevas obligaciones derivadas de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El Gobierno tendría los votos

Las cuentas preliminares en las comisiones económicas favorecen al Gobierno.

Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara reúnen en total a 90 congresistas. Según la distribución política analizada, el Gobierno contaría con aproximadamente 58 integrantes de su coalición, además de un grupo de independientes cuyo respaldo podría resultar determinante en algunos debates.

Con esos números, el Ejecutivo tendría una mayoría suficiente para avanzar en el primer debate del proyecto.

La coalición que respalda a De la Espriella está integrada por sectores del Centro Democrático, Partido Conservador, La U, Cambio Radical, Salvación Nacional y Partido Liberal, entre otras fuerzas.

El panorama es muy diferente al de la oposición, que tendría alrededor de 20 congresistas en las cuatro comisiones, principalmente pertenecientes al Pacto Histórico.

Sin embargo, tener los votos no significa que el proyecto vaya a pasar sin modificaciones.

El presupuesto crece, pero también la deuda

Uno de los puntos que más atención ha generado es el incremento del servicio de la deuda pública.

Para 2027, el Gobierno calcula que deberá destinar alrededor de $155,4 billones al servicio de la deuda, frente a los $100,4 billones previstos para 2026.

Esto representa un aumento cercano al 55 %.

De ese monto, una parte importante corresponde al pago de capital y otra al pago de intereses.

El crecimiento del servicio de la deuda significa que una porción cada vez mayor del presupuesto nacional estará comprometida con obligaciones financieras.

Y ese es precisamente uno de los aspectos que algunos congresistas de la propia coalición de Gobierno han comenzado a cuestionar.

Menos recursos para inversión

Otro de los datos que genera discusión está relacionado con la inversión pública.

El proyecto contempla aproximadamente $86,9 billones para inversión durante 2027, cifra inferior a los cerca de $89,5 billones presupuestados para 2026.

Es decir, aunque el presupuesto total aumenta considerablemente, los recursos destinados directamente a inversión no crecen en la misma proporción.

La explicación del Gobierno está relacionada, entre otros factores, con el aumento de las obligaciones financieras y con las nuevas necesidades generadas por el terremoto.

El terremoto cambió las cuentas

La emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto es uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la reformulación del presupuesto.

La nueva administración sostiene que el escenario económico y fiscal cambió después de la tragedia y que ahora deben incorporarse recursos para atender la reconstrucción de las zonas afectadas.

El Gobierno calcula que el proceso de reconstrucción podría requerir cerca de $30 billones.

Por esa razón, el presupuesto presentado inicialmente por la administración Petro fue considerado insuficiente frente a las nuevas necesidades y terminó siendo devuelto por las comisiones económicas.

La administración de De la Espriella presentó entonces una nueva propuesta con un monto considerablemente mayor.

Hay respaldo, pero también reparos

Aunque los números favorecen inicialmente al Gobierno, dentro de la propia coalición ya existen voces que piden explicaciones.

Algunos congresistas han manifestado preocupación por el nivel de endeudamiento y por el aumento del presupuesto.

El senador Carlos Meisel, integrante de la Comisión Cuarta, expresó públicamente sus dudas y pidió una reunión con el ministro de Hacienda para conocer con mayor detalle la estructura del proyecto.

Por su parte, el senador Christian Garcés, quien tendrá un papel importante en la discusión, también ha señalado preocupación por el nivel de deuda, aunque mantiene la disposición de respaldar un presupuesto que, según ha planteado, debe reflejar las necesidades extraordinarias del país.

Esto significa que el Gobierno tiene una mayoría política, pero deberá negociar algunos aspectos del proyecto con sus propios aliados.

¿Qué viene ahora?

El proyecto deberá comenzar su trámite formal en las comisiones económicas del Congreso.

Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara deberán estudiar el monto total y posteriormente discutir los diferentes componentes del presupuesto.

El cronograma establece que el primer debate deberá avanzar durante septiembre y que el presupuesto debe quedar aprobado antes del 20 de octubre de 2026.

Después del trámite en las comisiones económicas, el proyecto tendrá que pasar a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

Allí el Gobierno enfrentará una segunda prueba política.

La primera gran prueba legislativa

El presupuesto de 2027 será mucho más que una discusión sobre cifras.

Para De la Espriella representará la primera gran prueba de su capacidad para mantener cohesionada su coalición y conseguir que el Congreso respalde las prioridades de su administración.

El Gobierno parte con una posición favorable: tiene los votos suficientes en las comisiones económicas para avanzar.

Pero también enfrenta un escenario fiscal complejo, con una deuda que aumenta, un servicio de deuda que se dispara y una inversión pública que disminuye frente al año anterior.

Ahora comenzará la verdadera negociación.

El reto para el Ejecutivo será convencer a sus aliados de que los $634,9 billones solicitados para 2027 son necesarios y, al mismo tiempo, demostrar que las cuentas son sostenibles para las finanzas del país.

La discusión apenas comienza y en septiembre el Congreso tendrá en sus manos una de las decisiones económicas más importantes del primer año del gobierno de Abelardo de la Espriella.