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Procuraduría pone la lupa sobre contrato de hasta $1 billón entre Air-e y empresa china
El Ministerio Público pidió explicaciones a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre un acuerdo con China National Machinery Exports and Imports Corporation para financiar obras de infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación de carácter preventivo alrededor del acuerdo suscrito por Air-e Intervenida con la empresa china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), mediante el cual la compañía energética podría acceder a financiación de hasta $1 billón para ejecutar proyectos de modernización y fortalecimiento de su infraestructura eléctrica.
El negocio, anunciado esta semana por Air-e, contempla recursos destinados a obras en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, territorios donde la empresa presta el servicio de energía.
Ante las características y el monto del acuerdo, el Ministerio Público solicitó información tanto a Air-e como a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad que actualmente tiene bajo intervención administrativa a la empresa.
¿Qué quiere revisar la Procuraduría?
El organismo de control busca conocer en detalle las condiciones bajo las cuales se estructuró y suscribió el acuerdo con la compañía china.
Entre los aspectos que deberán ser explicados están las condiciones comerciales del negocio, el esquema de financiación, las obligaciones adquiridas y la manera como se garantizará que los recursos sean utilizados para los proyectos previstos.
La Procuraduría señaló que su actuación tiene carácter preventivo y busca verificar que las decisiones adoptadas durante la intervención de Air-e se ajusten a las normas y protejan los recursos involucrados.
El procurador general, Gregorio Eljach, explicó que el Ministerio Público conoció la situación y decidió desplegar las actuaciones correspondientes para revisar las condiciones del acuerdo.
Un negocio que podría llegar al billón de pesos
El acuerdo con CMC no significa que Air-e haya recibido de manera inmediata un billón de pesos.
Lo anunciado es una posibilidad de financiación de hasta $1 billón, destinada a proyectos de modernización, expansión y fortalecimiento de la red eléctrica.
De acuerdo con la información entregada por Air-e, las conversaciones con la compañía china se extendieron durante aproximadamente un año antes de concretarse el acuerdo.
La financiación permitiría impulsar obras consideradas estratégicas para mejorar la infraestructura eléctrica de la región Caribe.
Air-e permanece bajo intervención
El interés de la Procuraduría se produce además en un contexto particularmente delicado para Air-e.
La empresa se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos desde septiembre de 2024 y atraviesa una compleja situación financiera y operacional.
En mayo pasado, la propia Procuraduría ya había requerido explicaciones a la Superservicios y a la administración interventora debido a la falta de resultados estructurales que garantizaran la viabilidad de la compañía.
En esa oportunidad, el organismo de control expresó preocupación por el crecimiento de los pasivos, la falta de estados financieros plenamente verificados y algunas situaciones relacionadas con la contratación de la empresa.
También pidió información sobre contratos superiores a $500 millones y sobre las decisiones adoptadas durante el proceso de intervención.
¿Para qué se utilizarían los recursos?
El acuerdo con la empresa china está orientado a financiar proyectos relacionados con la modernización y expansión de la infraestructura eléctrica.
La intención de Air-e es contar con recursos para mejorar redes y desarrollar obras que permitan fortalecer la prestación del servicio en los tres departamentos donde opera.
La empresa ha presentado el acuerdo como una oportunidad para avanzar en inversiones que, por las dificultades financieras que atraviesa, han sido difíciles de ejecutar con recursos propios.
Sin embargo, ahora la Procuraduría quiere conocer con mayor precisión cómo se estructuró la operación y bajo qué condiciones se comprometieron las partes.
La Superintendencia también deberá responder
Además de Air-e, la Procuraduría requirió información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, debido a su papel dentro de la intervención de la empresa.
El organismo de control busca establecer qué conocimiento y participación tuvo la Superservicios frente al acuerdo y cuáles fueron los análisis realizados antes de que se concretara.
La revisión adquiere especial importancia porque cualquier decisión financiera de gran magnitud debe analizarse dentro del complejo escenario económico que enfrenta actualmente la empresa intervenida.
No hay una conclusión sobre irregularidades
Hasta el momento, la actuación de la Procuraduría no significa que haya establecido la existencia de una irregularidad o un delito en el contrato.
Se trata de una actuación preventiva mediante la cual el Ministerio Público busca obtener información y verificar las condiciones del negocio.
Por ahora, Air-e deberá explicar los detalles del acuerdo y la Superservicios tendrá que entregar la información correspondiente sobre su conocimiento y actuaciones frente a la operación.
El caso queda así bajo la lupa de los organismos de control, mientras avanza el proceso para determinar cómo se utilizaría una financiación que podría alcanzar el billón de pesos y que está destinada a transformar la infraestructura eléctrica de la región Caribe.
