El presidente anunció en Barranquilla una nueva estrategia de seguridad que busca unificar la respuesta del Estado contra las estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y otras actividades criminales.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció un endurecimiento de la estrategia de seguridad del Gobierno y ordenó que las diferentes estructuras criminales que operan en el país sean tratadas bajo una misma categoría: grupos terroristas.

La declaración fue realizada durante un consejo de seguridad en Barranquilla, donde el mandatario sostuvo que el Estado no debe establecer diferencias entre las organizaciones dependiendo de la actividad delictiva a la que se dediquen.

“Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal”, afirmó De la Espriella al explicar su nueva política frente al crimen organizado.

Según el jefe de Estado, existe una conexión entre actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando. En su planteamiento, el narcotráfico constituye una de las principales fuentes de financiación de las demás estructuras y actividades criminales.

El mandatario aseguró además que “se acabó esa división” y sostuvo que la Fuerza Pública debe actuar de manera coordinada, sin diferenciar entre las distintas organizaciones ilegales al momento de combatirlas.

Bloque Nacional de Búsqueda contra la extorsión

Dentro de las medidas anunciadas se encuentra la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, que estará integrado por unidades del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, en coordinación con la Fiscalía y la Judicatura.

El Gobierno también anunció acciones para perseguir las finanzas de las organizaciones criminales y la reactivación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el propósito de fortalecer el rastreo de los recursos provenientes de actividades ilícitas.

De la Espriella señaló que Barranquilla y su área metropolitana tendrán un papel importante dentro de esta nueva estrategia de seguridad, que contempla mayor coordinación entre las autoridades, inteligencia, judicialización y persecución de las estructuras criminales.

La decisión marca un nuevo enfoque del Gobierno frente al crimen organizado, con una respuesta estatal que busca actuar de manera unificada contra las diferentes fuentes de financiación y operación de las organizaciones ilegales.