noticiastres3
Una decisión del Gobierno nacional volvió a encender el debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. Un nuevo decreto está provocando un reordenamiento profundo en la operación de las EPS y podría terminar moviendo a millones de usuarios de una entidad a otra, muchos de ellos sin haberlo solicitado.
El cambio está relacionado con el Decreto 0182 de 2026, una norma con la que el Ministerio de Salud busca reorganizar la presencia de las EPS en el territorio nacional y limitar la cantidad de aseguradoras que pueden operar en determinados municipios. La idea, según el Gobierno, es evitar la dispersión de usuarios y fortalecer la atención concentrando la operación en entidades con mayor cobertura.
Sin embargo, el impacto es enorme. Las proyecciones indican que más de seis millones de afiliados podrían terminar trasladados obligatoriamente a otra EPS, en un proceso que ya está generando preocupación entre pacientes, clínicas y especialistas del sector.
La Nueva EPS queda en el centro del movimiento
Gran parte de esos usuarios terminaría en Nueva EPS, actualmente la aseguradora más grande del país, que ya cuenta con más de diez millones de afiliados.
El rediseño del mapa del sistema de salud implica que, en muchos municipios, esta EPS será prácticamente la única opción disponible para los usuarios. De hecho, se estima que alrededor de 504 municipios podrían quedar con esta entidad como principal o única aseguradora para la atención en salud.
En términos prácticos, esto significa que si una persona vive en esas zonas y su EPS actual deja de operar allí, el sistema la trasladará automáticamente a otra, incluso sin que el usuario lo haya solicitado.
Traslados sin consentimiento… al menos al inicio
Uno de los puntos más polémicos del decreto es que los traslados iniciales no dependen de la decisión del afiliado. El sistema reasignará automáticamente a los pacientes cuando la EPS actual no cumpla con las nuevas condiciones territoriales establecidas por el Gobierno.
Solo después de un tiempo mínimo —alrededor de 60 días— los usuarios podrán ejercer nuevamente su derecho a cambiarse a otra entidad si así lo desean.
Preocupación en clínicas y hospitales
El anuncio ha generado inquietud entre instituciones prestadoras de salud (IPS) y expertos del sector. Algunos advierten que una redistribución tan grande de afiliados podría provocar problemas en la capacidad de atención, especialmente si millones de pacientes terminan concentrados en una sola entidad.
También existe preocupación por la reorganización de contratos con clínicas y hospitales. Cuando se produce un traslado masivo de afiliados, las EPS suelen renegociar o cambiar su red de prestadores, lo que puede generar demoras en citas, autorizaciones o tratamientos en el corto plazo.
Un debate que sigue abierto
Mientras el Gobierno defiende la medida como una forma de ordenar el sistema y mejorar la cobertura, distintos sectores han advertido que el proceso podría terminar generando más presión sobre entidades que ya manejan una gran cantidad de afiliados.
La discusión ocurre además en medio de un ambiente político intenso alrededor del sistema de salud y de las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que desde el inicio de su mandato ha planteado cambios estructurales en el modelo de aseguramiento.
Lo cierto es que, más allá del debate político, millones de colombianos podrían ver cambios en su EPS durante los próximos meses. Para muchos usuarios el proceso será simplemente administrativo. Pero para otros, especialmente pacientes con tratamientos en curso, el traslado puede convertirse en una preocupación real.
Porque cuando se trata de salud, cualquier cambio en el sistema siempre genera la misma pregunta entre los ciudadanos: si el servicio mejorará… o si, por el contrario, la atención se volverá aún más complicada.
