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En una decisión que ha encendido el debate público y político en Colombia, un juez de Ejecución de Penas de Bogotá concedió libertad condicional al general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y condenado en el año 2016 por su participación en el asesinato del líder político Luis Carlos Galán.
La providencia del Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad establece que Maza Márquez cumplió con los requisitos legales para acceder al beneficio, entre ellos el tiempo mínimo de la condena ya ejecutada, además de acreditar buena conducta y cumplir con otras exigencias del sistema judicial colombiano.
Según lo dispuesto, el exgeneral será puesto en libertad bajo un periodo de prueba de más de 132 meses —equivalente a aproximadamente 11 años y un mes—, contado desde la firma del acta de compromiso y tras la constitución de una caución prendaria equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Maza Márquez había permanecido privado de la libertad desde noviembre de 2013, cuando comenzó a cumplir la pena de 30 años de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas, en el marco del plan para facilitar el asesinato de Galán durante un acto político en Soacha el 18 de agosto de 1989.
La sentencia también lo vincula como responsable por la muerte del concejal Julio César Peñaloza Sánchez y del escolta Santiago Cuervo Jiménez, así como por las lesiones sufridas por otro escolta en el mismo atentado.
Durante el proceso judicial, la Corte concluyó que Maza Márquez debilitó el esquema de seguridad de Galán —un político que lideraba una de las principales candidaturas presidenciales en ese momento— al designar un jefe de escoltas sin experiencia y con presuntos vínculos con grupos implicados en la ejecución del magnicidio.
A lo largo de años de investigación y de este prolongado proceso judicial, Maza Márquez sostuvo su inocencia, argumentando que no tuvo participación directa en los hechos y afirmando que algunas decisiones administrativas en materia de seguridad respondieron a peticiones del propio Galán. Sin embargo, la Corte Suprema encontró suficientes pruebas para considerarlo coautor del crimen, una decisión que marcó un hito en la justicia colombiana por uno de los hechos más oscuros de la violencia política del país.
La libertad condicional, sin embargo, no extingue la condena: el beneficio está sujeto a que el exfuncionario cumpla con todas las condiciones impuestas, incluyendo el largo periodo de prueba y la caución, de lo contrario podría volver a prisión para continuar la sanción impuesta.
La decisión ha generado reacciones diversas entre sectores políticos, jurídicos y sociales. Algunos consideran que se trata de una aplicación estricta de la normativa penitenciaria para quienes han cumplido el tiempo mínimo de pena, mientras que otros cuestionan el impacto simbólico de dejar en libertad condicional a un condenado por uno de los magnicidios más sonados en la historia reciente de Colombia.
La noticia representa un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más emblemáticos del país y reabre el debate sobre la justicia transicional y el peso de las decisiones judiciales en casos de violencia política.
