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La justicia en el departamento de La Guajira volvió a generar debate este miércoles luego de que un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías declarara ilegal la captura de un escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, quien había sido detenido con una fuerte suma de dinero en efectivo en un operativo que la Policía atribuía a una presunta compra de votos a pocos días de las elecciones legislativas programadas para el próximo 8 de marzo.
El hombre, identificado como Luis Alfredo Acuña Vega y conocido como “el Toro”, perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y asignado como escolta del secretario general de la Cámara, fue detenido el pasado 3 de marzo en el municipio de Hatonuevo, cuando se movilizaba en un vehículo particular donde las autoridades encontraron 145 millones de pesos en efectivo, además de propaganda política vinculada con el candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador.
Captura y hallazgo que encendieron alarmas
El dinero estaba distribuido en siete sobres de manila, algunos con nombres de municipios como El Molino y Hatonuevo, y fue incautado durante un control policial en una carretera de La Guajira. Además de los millones de pesos, también se halló propaganda impresa del candidato al Senado, lo que llevó a las autoridades a sospechar que podría tratarse de una estructura para la presunta compra de votos en el actual proceso electoral.
El operativo fue parte de las acciones ordenadas por el Gobierno nacional y la Policía para perseguir delitos electorales en todo el país en la antesala de los comicios. El director de la Policía Nacional, William Rincón, explicó que el dinero y la propaganda fueron encontrados en el vehículo durante el procedimiento, lo que motivó la captura de Acuña Vega y una segunda persona que lo acompañaba.
Libertad por errores procedimentales
Sin embargo, la audiencia de legalización de captura cambió el rumbo de este caso. Un juez consideró que la detención no se ajustó a los requisitos legales, por lo que ordenó la libertad inmediata del escolta y la devolución de los elementos incautados, al señalar que se presentaron errores durante el procedimiento de captura en Hatonuevo.
Durante la audiencia, el abogado defensor del escolta, Iván Cancino, argumentó que se vulneraron garantías como la presunción de inocencia y el debido proceso, reclamando que estos principios fundamentales del sistema jurídico colombiano no fueron respetados de manera adecuada.
Reacciones encontradas y contexto político
La situación ha generado un cruce de versiones en el entorno político. Por un lado, sectores vinculados al candidato mencionado en la propaganda han rechazado cualquier insinuación sobre vinculación directa con actividades ilegales, afirmando que el dinero encontrado era de carácter personal y desvinculando al candidato de la captura.
Por otro lado, voces de diferentes sectores advierten que este episodio pone de relieve la importancia de reforzar los mecanismos de control y transparencia en medio de un proceso electoral competitivo, especialmente en regiones como La Guajira, donde el escrutinio sobre el uso de recursos y la movilización política ha estado bajo la lupa.
La Procuraduría General de la Nación, por su parte, también abrió una investigación disciplinaria contra los funcionarios involucrados en el operativo tras el hallazgo de los millones de pesos en La Guajira, en un proceso separado al levantamiento de la medida judicial que dejó en libertad al escolta.
¿Qué sigue?
Aunque la libertad del escolta se hizo efectiva por decisión judicial, las investigaciones sobre el origen de los recursos y las circunstancias bajo las cuales fue aprehendido continúan bajo revisión por parte de las autoridades competentes. La Fiscalía y la Procuraduría analizan ahora jurídicamente el caso para determinar si hay pruebas suficientes que permitan avanzar en una imputación formal por delitos electorales vinculados con este hecho.
Este hecho se presenta a menos de una semana de las elecciones, lo que intensifica aún más el debate sobre las garantías del proceso, la vigilancia ciudadana y la responsabilidad institucional frente a cualquier anomalía que pueda afectar la transparencia democrática en Colombia.
