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Un nuevo episodio en el escándalo de corrupción conocido como Centros Poblados volvió a tomar fuerza en el debate público luego de que salieran a la luz fragmentos de un interrogatorio que el contratista Emilio Tapia rindió ante la Fiscalía General de la Nación en 2021, en el que hace señalamientos sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de este contrato valorado en más de un billón de pesos durante el gobierno de Iván Duque.
Según lo revelado en su testimonio, Tapia no solo habló de su estructura empresarial y su participación en el proceso, sino que también vinculó a la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, con supuestas gestiones de intermediarios para favorecer la adjudicación del contrato destinado a llevar conectividad a zonas rurales.
Presuntas gestiones y intermediarios
En el documento al que tuvo acceso la revista Cambio y que ahora circula en medios, Tapia menciona a un hombre identificado como Hugo Buitrago y a otro apodado como “El Guajiro”, a quienes señala de haber actuado como intermediarios ante Abudinen para modificar los pliegos del proceso y facilitar la obtención del contrato.
Tapia aseguró que, de acuerdo con su versión, Buitrago habría conseguido reuniones y contactos clave con la exministra con el objetivo de fraccionar el contrato original —valorado en más de un billón de pesos— en varios lotes, lo que, según él, habría facilitado su adjudicación.
El contratista también detalló que, como parte de lo que describió en el interrogatorio, se habría llegado a un supuesto acuerdo interno para repartir beneficios entre quienes participaron de la adjudicación, con promesas de pagos y beneficios económicos por encima de lo que establecen las normas de contratación pública.
Reacciones y negaciones
Hasta el momento, ni la Fiscalía ni otras autoridades han presentado cargos formales en contra de Abudinen por estos señalamientos. La exministra ha negado rotundamente cualquier participación y, a través de sus representantes, ha calificado estas declaraciones como infundadas, asegurando que no conoce a Tapia ni a los intermediarios mencionados y que las acusaciones carecen de evidencia.
De igual forma, otros aludidos en el interrogatorio también han rechazado las versiones entregadas por el contratista y han negado vínculos con las decisiones administrativas relacionadas con el contrato.
Contexto del caso Centros Poblados
El caso Centros Poblados se convirtió en uno de los escándalos de corrupción más resonantes en Colombia en los últimos años, luego de que se revelara que un contrato para mejorar la conectividad en zonas rurales fue adjudicado a una unión temporal sin experiencia ni capacidad logística comprobada. El proceso fue investigado durante varias temporadas por autoridades como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, generando debates sobre el manejo de contratos públicos y los mecanismos de control estatal.
Pese a la difusión de este interrogatorio, las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones y aún no se han presentado cargos adicionales basados en estas declaraciones, por lo que el caso continúa bajo evaluación por parte de la justicia.
