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En medio de un clima de alta tensión política y económica, el presidente Gustavo Petro firmó un nuevo decreto que ratifica el salario mínimo para 2026 en dos millones de pesos mensuales, incluyendo el auxilio de transporte. La decisión se produce tras la suspensión provisional del decreto anterior por parte del Consejo de Estado, lo que obligó al Gobierno a ajustar el sustento técnico de la medida y volver a expedir la norma.
El nuevo decreto mantiene el incremento del 23,7 %, uno de los aumentos más altos registrados en las últimas décadas en Colombia. El salario básico quedó fijado en 1.750.905 pesos, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, completando así los dos millones de pesos mensuales para millones de trabajadores formales en el país.
El trasfondo jurídico
La controversia comenzó cuando el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto original al considerar que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos para justificar un aumento de tal magnitud. La decisión no anuló de fondo el incremento, pero sí obligó al Ejecutivo a presentar un nuevo decreto con estudios económicos adicionales que respaldaran la cifra adoptada.
El Gobierno defendió la legalidad de la medida y argumentó que el aumento responde al mandato constitucional de garantizar un salario “vital y móvil”, es decir, uno que preserve el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida.
Argumentos del Gobierno
Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que el incremento busca proteger a las familias más vulnerables en un contexto de inflación acumulada y presión sobre los precios de bienes básicos. El Ejecutivo sostiene que elevar el ingreso mínimo dinamiza el consumo interno, fortalece la economía popular y reduce brechas sociales.
El presidente Petro ha reiterado que el salario mínimo no puede perder capacidad real frente al aumento del costo de vida y que el Estado tiene la obligación de intervenir cuando la concertación entre empresarios y trabajadores no logra un acuerdo.
Las preocupaciones del sector empresarial
El aumento ha generado preocupación en algunos gremios económicos, especialmente en pequeñas y medianas empresas que advierten posibles impactos en costos laborales, contratación formal y estructura de precios. Analistas han señalado que, si el crecimiento del salario no está acompañado por mejoras en productividad, podría generar presiones inflacionarias o ajustes en el empleo.
El debate también se extiende al impacto en la informalidad laboral, un fenómeno estructural en Colombia que podría verse afectado si el costo de formalizar trabajadores se incrementa sin incentivos paralelos.
Un punto de inflexión económico
Más allá del choque jurídico, este decreto marca un momento clave en la política salarial del país. La magnitud del incremento reabre la discusión sobre el modelo de fijación del salario mínimo, la relación entre crecimiento económico y redistribución del ingreso, y el papel del Estado en la regulación del mercado laboral.
Colombia enfrenta ahora el reto de equilibrar tres variables sensibles: garantizar ingresos dignos para los trabajadores, mantener la sostenibilidad empresarial y proteger la estabilidad macroeconómica.
Lo que viene
El nuevo decreto ya está en vigor, pero el análisis de fondo por parte del Consejo de Estado continuará. La decisión final será determinante para la estabilidad jurídica del aumento y para el precedente que quedará en futuras fijaciones salariales.
Mientras tanto, el país observa con atención los efectos reales de la medida en el bolsillo de los trabajadores, en la dinámica empresarial y en los indicadores económicos de 2026. El debate no se limita a una cifra: se trata de definir el rumbo de la política laboral en uno de los momentos más sensibles de la economía nacional.
